España es el país con la mayor tasa de fallecidos y de sanitarios contagiados por Covid-19. Antonio Jimeno. Biólogo Este artículo fue publicado en "elcatalán.es" el 13 de junio de 2020 Una vez que ha disminuido significativamente el número de contagios y de muertes debidas a la pandemia Covid-19, es necesario valorar sanitariamente lo que ha pasado y qué medidas se han de tomar para protegernos ante la repetición de una situación similar. Lo primero a hacer es conocer el número real de fallecidos. Algunos gobiernos los facilitan pero otros no, sobre todo aquellos que han tenido muchos más fallecidos que la media, como es el caso de España. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que se han de contabilizar tanto los fallecidos de Covid-19 confirmados mediante un análisis PCR o un análisis rápido (test), como aquellos en los que el médico dictamina que el fallecido presenta los síntomas propios de dicha enfermedad. Pese a ello, nuestro Ministerio de Sanidad solo considera como fallecidos de Covid-19 a los fallecidos hospitalizados que han dado positivo en una prueba PCR. Esta decisión ha dejado sin contabilizar a los fallecidos en las residencias o en sus casas. Cuando las entidades internacionales, como la Universidad Johns Hopkins, la OMS, el EuroMoMo, el Worldometer o la Wikipedia comparan los datos de España con los de otros países, lógicamente utilizan los datos que facilita nuestro Ministerio de Sanidad, aunque saben que en España en realidad hay más fallecidos, que no constan porque no se ha dejado que se les hagan la prueba PCR. Esta situación ya la denunció el 4 de junio el analista John Burn-Murdoch del "Financial Times", que se ha negado a seguir teniendo en cuenta las cifras de nuestro Ministerio de Sanidad ya que éste ha cambiado la forma de dar los datos. Ahora en lugar de darlos cada día lo hace solo cada semana, por otro lado ha indicado que durante tres días seguidos no había habido ningún fallecido en España, concretamente indicó que el 31 de mayo, el 1 de junio y el 2 de junio el número de fallecidos se mantuvo en 27.127, mientras que las Comunidades Autónomas indican que tuvieron 17 fallecidos. Esta desconfianza ya se inició cuando Sanidad un día decidió excluir a los fallecidos sin prueba PCR, pasando de tener 28.752 fallecidos el 24 de mayo a tener solo 26.834 al día siguiente. Los datos anteriores del Ministerio de Sanidad han sido puestos en duda por tres entidades.
La discordancia entre el exceso de fallecimientos durante la pandemia y el número oficial de fallecidos que da el gobierno, no solo se ha dado en España, sino también en otros países, por lo que es más fiable trabajar con los "excesos de fallecimientos". Por otro lado, para poder comparar el exceso de fallecimientos en diferentes países, se ha de tener en cuenta su número de habitantes, ya que un mismo exceso es más significativo en un país pequeño que en un país grande. Si se divide el exceso de fallecidos durante la pandemia entre el número de habitantes, se observa que España es el país que más ha sido afectado por la Covid-19, muy por encima del segundo que es el Reino Unido y del tercero que es Italia.
Exceso de fallecidos de Covid-19 desde el 1 de marzo hasta el 20 o 28 de mayo de 2020, respecto a la mortalidad media en años anteriores. (1) Según nuestros cálculos el exceso de fallecidos es de 41.176 en vez de 47.123 que es lo que aparece en la tabla original (El País. 05/06/2020). Los 1.002 fallecidos por millon de habitantes salen de considerar que España tenía 47.100.000 habitantes. Los 27.892 fallecidos corresponden al 20 de mayo de 2020. En la parte superior de la tabla aparecen los países que han tenido un mayor exceso de muertos por millón de habitantes, los países que fueron imprudentes al minusvalorar la peligrosidad del virus y, al principio, no tomaron ninguna medida de precaución, como es establecer controles de temperatura en los aeropuertos, prohibir actividades que implican grandes concentraciones de personas, adquirir con prontitud mascarillas, hidrogeles, guantes, tests, etc. Algunos de estos países incluso apostaron por la inmunidad de grupo, manteniendo todas las actividades como si no hubiera ningún peligro. En algunos de ellos, como es el caso de Suecia y de Francia, ya se ha pedido que se investigue lo que ha pasado, si se podía haber evitado y si es así, que hayan responsabilidades políticas y penales. Desde Portugal hacia el final de la lista aparecen los países que fueron precavidos y, ante los informes de los virólogos de que se trataba de un virus completamente nuevo, por lo que no conocían su peligrosidad, aplicaron el principio básico de quien ha de tomar decisiones ante un enemigo desconocido que es el "principio de precaución". Ante los primeros casos establecieron controles de temperatura, confinamiento riguroso, adquirieron mascarillas, hidrogel, guantes y una gran cantidad de tests, para intentar llegar a toda la población. A estos países hay que añadir Grecia, Hungría, Polonia, Rumanía y la pequeña Andorra, cuyo gobierno ya ha hecho dos tests a cada uno de sus ciudadanos. Los países líderes de esta estrategia de la precaución han sido los países orientales como China, Corea del Sur, Japón y Vietnam, que han superado la pandemia con tasas muy bajas de fallecidos. En estos países además se han utilizado aplicaciones para móviles, que cada día advertían al ciudadano sobre si había estado cerca de algún contagiado. En Wuhan se han hecho tests a sus 11 millones de habitantes, en Corea del Sur, con casi 52 millones de habitantes, solo han habido 273 fallecidos, en Japón, con 126 millones de habitantes, solo han habido 916 fallecidos y en Vietnam no ha habido ni un solo fallecido por Covid-19 (datos del 8 de junio). Todos estos países han reanudado ya su actividad laboral, lo que les permite ver con optimismo su recuperación económica. España también es el país del mundo con más médicos, enfermeros y auxiliares sanitarios contagiados por el SARS-CoV-2. Un 20% del personal sanitario se ha contagiado, mientras que el siguiente país, Italia, solo presenta un 10% y otros países como China tiene un 3,8% y Estados Unidos presenta un 3%. El 25 de mayo en España se registraron 124 nuevos casos de sanitarios contagiados, con lo que el total es de 51.214 contagiados. La causa de este triste record se dio durante las primeras semanas y fue la falta de batas impermeables, mascarillas FFP2 o FFP3, gafas de protección, calzas específicas, contenedores grandes de residuos y tests para saber si los sanitarios estaban contagiados y, por ello, estaban transmitiendo la Covid-19 a sus compañeros y a los enfermos de otras enfermedades. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) denunció esta situación pero la Fiscalía del Estado se pronunció en contra y el Tribunal Supremo la desestimó. Actualmente hay en curso una querella del sindicato CSIF contra el Ministro de Sanidad, por no facilitar equipos de protección individual (EPI) al personal sanitario. Con todo, lo peor que se ha hecho en la gestión de la pandemia, ha sido no haber reforzado las plantillas de las residencias geriátricas y no haber adquirido los imprescindibles equipos de prevención (EPI) para sus trabajadores, dos acciones que dependen del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El resultado ha sido que en las 5.457 residencias que tenemos y que suman 385.000 plazas, han fallecido 19.415 ancianos de Covid-19, sumando los fallecidos con PCR positiva y los simplemente diagnosticados. Esto significa el 41,15% del exceso de fallecidos detectado (47.176), pese a que los 385.000 ancianos solo constituyen el 1% del total de españoles. Según la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAP), Cinta Pascual, las causas concretas han sido la falta de material de protección, de tests, de oxígeno, las bajas de personal por estar contagiados, el no permitir contratar a médicos por no tener papeles de residencia, los silencios administrativos a los requerimientos de ayuda, el colapso total y absoluto de los hospitales, que no tenían UCIs disponibles y las instrucciones confusas respecto a ancianos con algunos síntomas de la Covid-19, como la de "se indicará a esta persona que permanezca en el centro o residencia y se lo comunicará a los servicios de salud pública que valoren dicha identificación" del 5 de marzo, que luego, el 24 de marzo, fue cambiada por el Ministerio de Sanidad. Actualmente un grupo de 3.000 familiares de fallecidos por SARS-CoV-2 han presentado en el Tribunal Supremo una querella contra el Gobierno por un posible delito de homicidio imprudente. Es posible que haya presiones sobre jueces y sobre la policía judicial. El gran error de Sanidad fue no haber reaccionado a tiempo suspendiendo la manifestación del 8 de marzo, pese a que el 23 de enero la OMS había recomendado "prevenir el contagio de personas y evitar la transmisión secundaria", y que el 30 de enero ya había dado el aviso de "emergencia sanitaria internacional". Mantener la manifestación del 8M llevó al gobierno a tener que permitir también muchos partidos de fútbol y un mitin político. Luego, por no querer reconocer que había sido un error, se siguió poniendo en peligro a la población diciendo, cuando no había ni mascarillas, ni geles, ni tests, que no eran necesarios. Es verdad que se haga lo que se haga los fallecidos ya no volverán, pero si ahora no se piden responsabilidades ante la justicia, los responsables van a seguir en sus cargos y, evidentemente, si en otoño se produce un repunte de este coronavirus o aparece otro peligro similar, la pesadilla puede repetirse. Antonio Jimeno
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